Transparencia de la actuación de los poderes públicos (II): La publicidad activa
La publicidad activa es aquella que llevan a cabo los entes ya sea tanto por propia iniciativa como para cumplir un mandato legal. La obligación de publicar determinada información parte de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y se complementa con otras obligaciones específicas previstas en la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León.
Veamos de una forma esquemática cual es la información que debe publicar la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Por mandato de la Ley 19/2013:
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Directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas interpretación del Derecho o que tengan efectos jurídicos.
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Anteproyectos de Ley y proyectos de Decretos Legislativos.
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Proyectos de Reglamentos.
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Memorias e informes de elaboración de textos normativos.
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Documentos que según legislación sectorial deban ser sometidos a información pública.
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Todos los contratos, datos y estadísticas sobre el porcentaje de adjudicación según procedimiento y el porcentaje de participación de pymes.
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Convenios suscritos.
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Subvenciones y ayudas concedidas.
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Presupuestos y su estado de ejecución y cumplimiento.
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Cuentas anuales, informes de auditoría y fiscalización.
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Retribuciones anuales altos cargos.
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Reconocimiento compatibilidades.
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Declaraciones bienes y actividades de representantes locales.
Por imperativo de la Ley 3/2015, a mayores debe publicarse:
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Las relaciones de puestos de trabajo, las plantillas de personal o instrumentos análogos.
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Personal eventual con indicación de categoría y retribuciones; y los contratos de alta dirección con sus retribuciones y las indemnizaciones previstas.
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Convocatorias de procesos de selección y bolsas de empleo.
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Convenios colectivos y otros instrumentos que regulen las condiciones laborales de los empleados públicos.
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Resoluciones judiciales que afecten a la vigencia o interpretación de las normas de la Comunidad.
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Gasto público en campañas de publicidad institucional.
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Volumen endeudamiento en términos de PIB.
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Estructura cartera de deuda y calendario de vencimiento.
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Finalidad del destino de los bienes inmuebles propios y sobre los que se ostentan derechos reales.
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Relación inmuebles cedidos a terceros y su uso.
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Número de vehículos oficiales y uso al que se destinan.
Además de estas obligaciones, también hay una voluntad de divulgar aquella información que los órganos, organismos y entes de nuestra Comunidad, generan en el ejercicio de sus competencias y cuyo conocimiento por parte de la ciudadanía se considera necesario. Por este motivo, la Junta de Castilla y León aprobó el Acuerdo 1/2020, de 16 de enero, por el que se ordena la confección de un catálogo de información pública de la Administración de la Comunidad en el que se relacionen los contenidos cuya publicación debe promoverse de manera activa, identificando los responsables de cada uno de ellos, los plazos de actualización y los formatos en los que se publicarán. El catálogo se aprobó mediante Orden TRA/599/2021, de 12 de mayo.
La Ley 3/2015 configura el Portal de Gobierno Abierto como el medio, accesible y ágil, a través del cual se pueda acceder a la información objeto de publicidad activa y llevar a cabo la participación, además de otros contenidos que puedan ser de utilidad para los ciudadanos, como los trámites de audiencia o información pública.
Dentro del catálogo de información pública, la información se encuentra agrupada en los siguientes apartados:
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Sector público
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Información de relevancia jurídica
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Relación con la ciudadanía
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Información por sectores de actividad
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Derecho de acceso
Igualmente existe un buscador para facilitar la consulta del contenido publicado.
Con el objeto de que la información publicada pueda ser fácilmente tratada, en el Portal de Gobierno Abierto, se han publicado 738 conjuntos de datos en formato reutilizable.
Castilla y León se ha posicionado en el número uno de las comunidades autónomas en el cumplimiento de publicar su información institucional, según el último estudio elaborado por el Observatorio de Medios.
Cuando la información no está publicada y los ciudadanos quieran conocer un documento o dato en poder de la administración, ejercerán su derecho de acceso a la información pública. Esto es la transparencia pasiva sobre la que hablaremos en posteriores artículos.
María del Rocío Andrés Pérez
Dirección General de Transparencia y Gobierno Abierto. Junta de Castilla y León